Tras la nueva extorsión de los empresarios al gobierno por más plata, se supo que algunos legisladores analizan borradores con dos posibilidades: que el Estado se haga cargo totalmente del sistema o licitar los corredores al sector privado sin participación estatal.
Según información a la que pudo acceder FM Profesional, legisladores de Salta trabajan sobre un borrador para revisar el actual esquema de prestación del transporte metropolitano. La iniciativa aparece en medio de una nueva extorsión de los las concesionarias de los corredores (siempre con complicidad de la UTA Salta) por más plata y la polémica sobre si la presión empresaria busca, además de mayores desembolsos, forzar una nueva discusión sobre el precio del boleto o reducir las gratuidades.
Fuentes legislativas sostienen que en el Gobierno existe un hartazgo con los planteos desmesurados de los concesionarios, que, a pesar de no tener ningún riego empresarial, no asumen la situación de crisis que vive el país.
La sucesión de reclamos de las empresas que operan los corredores de SAETA abrió una discusión que podría trasladarse a la Legislatura provincial. FM Profesional pudo conocer que ya existe un borrador en manos de legisladores para modificar el actual sistema de transporte y revisar la relación entre el Estado y las firmas privadas encargadas de prestar el servicio.
La iniciativa todavía se encontraría en etapa preliminar y de estudio sobre posibles alternativas: 1) que el Estado provincial se haga cargo totalmente del sistema (lo que hoy ocurre en la práctica) y se saque de encima el costo de las ganancias aseguradas de los empresarios; 2) que el sistema pase a privados íntegramente sin participación estatal, es decir por cuenta y riesgo de quienes obtengan la concesión de los corredores y sean ellos los encargados del pago de sueldos a choferes, empleados y el financiamiento completo del sistema.
Nadie pudo confirmar si estas alternativas que estudian asesores legislativos tienen aval del Gobierno pero tampoco negaron esa posibilidad.
En los últimos días y a través de operaciones de prensa, los empresarios (a la postre empleados públicos de lujo) volvieron a reclamar fondos amenazando con reducir frecuencia. Pero reclamaron mintiendo que Saeta les adeuda desde julio a pesar de que ese mes está cancelado y ya se les está pagando agosto, es decir están cobrando en tiempo y forma. La verdadera razón de la extorsión es que quieren plata adelantada.
Lo cierto es que ninguna empresa puede cumplir la amenaza de reducir frecuencias porque entrarían en terreno de incumplimiento de contrato y quedarían expuestos a que se les rescinda la concesión. Solo quieren generar angustia en la población y con eso presionar al gobierno provincial para que les adelanten miles de millones de pesos o que aumente el boleto.
Tras esta nueva extorsión empresarial aparecieron en la legislatura fuertes cuestionamientos al modelo bajo el cual funciona hoy el transporte metropolitano. Uno de los puntos que se pone bajo discusión es el nivel de financiamiento que aporta el Estado para sostener la operación privada y cuánto riesgo empresarial asumen efectivamente las compañías que tienen adjudicados los corredores.
En ese contexto, entre quienes cuestionan el actual esquema comenzó a tomar fuerza otra lectura: que la presión ejercida por las empresas no estaría vinculada únicamente a los pagos reclamados a SAETA, sino también a generar condiciones para una nueva discusión tarifaria. La sospecha es que las advertencias sobre reducción de frecuencias y dificultades para sostener el servicio podrían terminar funcionando como presión para habilitar una suba del boleto, a lo que el Gobierno se opone por el impacto que eso tiene en las economías familiares.
Mentiras sobre los pagos
También existen diferencias respecto del estado de las cuentas. Mientras desde el sector empresario aseguran que permanecen pagos pendientes desde julio, información a la que accedió este medio sostiene que julio está cancelado hace bastante tiempo y que ya se está pagando agosto con los desembolsos correspondientes.
La disputa vuelve a exponer una relación que durante los últimos meses atravesó distintos momentos de tensión. A comienzos de septiembre, ante anteriores advertencias empresarias sobre eventuales restricciones del servicio, SAETA intimó a las compañías a garantizar la continuidad de las prestaciones previstas en los contratos.
Ahora, la discusión podría dejar de limitarse a cuánto y cuándo paga SAETA. De acuerdo con la información a la que accedió FM Profesional, el borrador que circula entre legisladores apunta a revisar de manera más profunda el funcionamiento del sistema, la estructura de costos, las obligaciones de las empresas y el papel que tiene el Estado provincial en el sostenimiento económico de la prestación.
El planteo aparece en un escenario de creciente malestar por conflictos que periódicamente terminan colocando a los usuarios en medio de la disputa. Las advertencias sobre reducción de frecuencias, falta de recursos o dificultades para mantener las unidades volvieron a instalar el debate sobre si el modelo vigente necesita modificaciones.
Fm Profesional