La jueza federal María Eugenia Capuchetti hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano y convocó a 34 personas que recibieron vacunas contra el COVID-19 por fuera de los criterios de prioridad durante la pandemia.
La causa por el Vacunatorio VIP sumó un nuevo capítulo. La jueza federal María Eugenia Capuchetti resolvió citar a declaración indagatoria a 34 personas que recibieron vacunas contra el COVID-19 durante la pandemia y que, según la investigación, no cumplían con los criterios establecidos para acceder a las dosis en ese momento.
La decisión fue tomada a partir de un pedido del fiscal Eduardo Taiano y alcanza a dirigentes políticos, familiares, periodistas y empresarios. Entre los nombres más conocidos aparecen el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, el exministro de Relaciones Exteriores Jorge Taiana, el diputado Eduardo Valdés y el periodista Horacio Verbitsky.
Las audiencias fueron programadas entre el 2 de octubre y el 9 de diciembre.
El fiscal sostiene que quienes recibieron las vacunas no fueron simplemente beneficiarios de una decisión tomada por funcionarios, sino que tuvieron un rol activo al aceptar dosis que, de acuerdo con la acusación, estaban destinadas a personas que integraban los grupos prioritarios.
Qué investiga la Justicia
El expediente busca determinar si hubo una utilización irregular de vacunas que habían sido adquiridas por el Estado en uno de los momentos más críticos de la pandemia.
Según la investigación, los beneficiarios habrían accedido a dosis de Sputnik V pese a no encontrarse dentro de los grupos habilitados para recibirlas. Para Taiano, esto podría constituir una participación necesaria en un presunto delito de peculado, vinculado al uso indebido de bienes públicos.
El fiscal consideró especialmente relevante el contexto en el que ocurrieron los hechos: las vacunas eran escasas y existía un sistema de prioridades diseñado para proteger primero a los sectores considerados de mayor riesgo.
Los nombres que aparecen en la causa
La lista de 34 personas incluye a varios dirigentes y figuras públicas.
Además del exmandatario, su esposa y sus hijas Juliana y María Eva, fueron citados Jorge Taiana y Eduardo Valdés, ambos vinculados al oficialismo durante el gobierno de Alberto Fernández.
También deberá declarar Horacio Verbitsky, cuyo nombre quedó asociado al escándalo luego de que reconociera públicamente que había recibido una vacuna en el Ministerio de Salud.
Entre los imputados también aparecen Hugo Curto, exintendente de Tres de Febrero, y su esposa, Filomena Burgos; Patricia Alsua, esposa del exsecretario Legal y Técnico de Alberto Fernández, Carlos Zannini; y el periodista Gabriel Michi.
La nómina se completa con empresarios, familiares de funcionarios y otras personas que recibieron dosis provenientes del Hospital Posadas.
El caso Duhalde
Uno de los episodios que analiza la Justicia ocurrió en la vivienda de Eduardo Duhalde.
Según consta en el expediente, allí fueron aplicadas cinco dosis a integrantes de la familia del expresidente y a una persona allegada.
La investigación también analiza el traslado de vacunas desde el Hospital Posadas hacia el Ministerio de Salud y la aplicación de otras dosis a personas que no formaban parte de los grupos prioritarios.
En total, el expediente identificó distintos episodios que podrían haber permitido el acceso privilegiado a vacunas durante los primeros meses de la campaña de inmunización.
Cómo comenzó el escándalo del Vacunatorio VIP
La causa se inició en febrero de 2021, luego de una denuncia presentada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien pidió investigar si el entonces ministro de Salud, Ginés González García, había utilizado recursos públicos para favorecer a determinadas personas.
El escándalo tomó fuerza cuando se conoció que funcionarios, dirigentes y personas vinculadas al poder habían recibido vacunas por fuera del esquema oficial.
La investigación avanzó sobre el papel de funcionarios del Ministerio de Salud y del Hospital Posadas. Una parte de la causa ya fue elevada a juicio oral contra Marcelo Ariel Guille, exsecretario de González García; Alejandro Salvador Costa, exsubsecretario de Estrategias Sanitarias; y Alejandro Alberto Maceira, exdirector ejecutivo del Hospital Posadas.
González García también había sido procesado en el expediente, aunque murió a los 79 años pocos días después de esa resolución, por lo que la acción penal en su contra quedó extinguida.