Un fallo judicial hizo lugar a la presentación de la central gremial y suspendió de forma provisoria puntos clave impulsados por el Gobierno, al advertir posibles daños irreparables sobre derechos laborales.
La Justicia laboral asestó un duro golpe a la reforma laboral al suspender de manera provisoria 83 artículos de la Ley 27.802, tras una acción presentada por la CGT contra el Estado Nacional.
La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que hizo lugar a una medida cautelar con el objetivo de preservar el “status quo” hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.
Entre los puntos frenados se encuentran modificaciones sensibles como la reducción del alcance de la Ley de Contrato de Trabajo, cambios en el derecho de huelga, nuevas condiciones para la representación sindical y la derogación de la ley de teletrabajo.
La central obrera, representada por sus dirigentes Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, argumentó que la reforma vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución, como la protección laboral, la libertad sindical y la progresividad de los derechos sociales.
En su resolución, el tribunal consideró que la demanda cumple con los requisitos para una acción declarativa y reconoció la legitimación colectiva de la CGT. Además, advirtió que la aplicación inmediata de los artículos cuestionados podría generar “daños irreparables” tanto a trabajadores como a organizaciones sindicales.
Por su parte, el Estado Nacional había rechazado el planteo, al sostener que la central obrera no tiene representación directa sobre todos los trabajadores y que suspender una ley afecta la división de poderes. También defendió la reforma como parte de una estrategia para fomentar el empleo formal y atraer inversiones.
Sin embargo, el juez entendió que esos argumentos forman parte de un debate político y que el análisis judicial debe centrarse en la compatibilidad de la norma con la Constitución.
El fallo se suma a otra medida reciente que ya había suspendido parcialmente la aplicación de la reforma en el ámbito del sindicato de comercio, lo que profundiza el frente judicial contra uno de los principales proyectos del Gobierno.
Mientras tanto, la resolución tiene carácter provisorio y regirá hasta que se dicte una sentencia definitiva, en una causa que promete escalar y tener fuerte impacto político y económico.