El secretario general de la central obrera, Jorge Sola, sostuvo que el proyecto va en contra de los intereses de los trabajadores y representa una transferencia de USD 6 mil millones hacia los empleadores.
El secretario general de la CGT, Jorge Sola, confirmó en una entrevista con Infobae que la organización sindical llevará la reforma laboral ante los tribunales en caso de ser aprobada por el Congreso.
“La vamos a judicializar. Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el 14 bis y el de no regresividad de los derechos sociales”, afirmó el dirigente. Sola sostuvo que el proyecto gubernamental pretende convertir a los trabajadores en “engranaje de un mecanismo de producción” en lugar de considerarlos el centro de la escena, fundamentando así el rechazo absoluto a la iniciativa.
Respecto al contenido de la ley, el dirigente cuestionó que se utilice el término “modernización”, calificándolo como un “título romántico”, ya que, según su visión, la norma no aborda tecnología ni robótica, sino que licúa indemnizaciones y limita el derecho de huelga.
Sola denunció una transferencia de recursos de los trabajadores a los empleadores de unos seis mil millones de dólares y advirtió sobre los riesgos del banco de horas: “Permite que el empleador, en acuerdo con el trabajador, decida: ‘No te pago horas extra, te las tomás cuando baje la producción’. ¿Quién define cuándo se toman? El empleador”.
Al evaluar la jornada de protesta del 19 de febrero, el secretario gremial aseguró que “fue el más importante de los cuatro que se han hecho en este gobierno”, destacando un alto acatamiento entre los nueve millones de trabajadores formales y el acompañamiento de pequeñas y medianas empresas.
Sola explicó que la huelga buscó llamar la atención de un Ejecutivo que no ha habilitado instancias de diálogo: “Hicimos 12 movilizaciones, 4 paros, y no están sentados los trabajadores en un proyecto donde se tratan sus propios intereses”.
Finalmente, el referente de la CGT insistió en que el plan de acción no concluye con la huelga y que la vía judicial es inevitable debido a la violación de tratados internacionales. “El Pacto de San José de Costa Rica lo dice claramente: una vez que tenés un derecho, no podés bajar de ese nivel”, remarcó.