Un mes se cumple del triple crimen en el que Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), tres jóvenes que se hallaban desaparecidas en la localidad de La Matanza, fueron brutalmente asesinadas en una casa de Florencio Varela en el marco de una supuesta «venganza narco». Los asesinatos dejaron al descubierto el funcionamiento de bandas ligadas a la venta de drogas y hay al menos 15 implicados, entre los que se encuentran nueve detenidos y tres acusados con pedidos de captura.
El caso, encabezado por el fiscal Adrián Arribas, titular de la UFI de Homicidios de La Matanza, dejó al descubierto una compleja red narco con base en el sur de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, integrada por ciudadanos peruanos y argentinos. Según la investigación, las tres chicas fueron engañadas con la promesa de una fiesta para llevarlas hasta la vivienda de Villa Vatteone, donde las habrían tortuado y filmado antes de matarlas.
Según la hipótesis principal, se habría tratado de un ajuste de cuentas ordenado por un joven traficante peruano llamado Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, en el marco de una venganza por el robo de una partida de varios kilos de droga. Los sospechosos habían vinculado a las jóvenes con los autores de ese hurto.
Con las capturas de «Pequeño J» y su mano derecha, Matías Ozorio, quienes fueron arrestados en Lima, la causa ya tiene un saldo de ocho detenidos en la Argentina y a Valverde Victoriano en Perú, a la espera de ser extraditado. La Policía ahora busca a otros tres prófugos, que se habrían fugado del país, y hay otros tres que fueron identificados.
En la última semana, el fiscal Arribas, junto a sus colegas Claudio Fornaro, Lorena Pecorelli y Diego Rulli, agravó las imputaciones contra los detenidos, incorporaron más pruebas y testimonios, por lo que se dictarían las prisiones preventivas y la causa pasaría al fuero federal, que asumirá la investigación por la estructura de narco internacional detrás del triple femicidio.
Una trama de engaño y nueve detenidos
Brenda y Morena, que eran primas, fueron vistas junto a Lara por última vez en la rotonda de la localidad de La Tablada, donde una camioneta Chevrolet Tracker blanca las pasó a buscar. Se cree que aprovechando un contexto de vulnerabiidad, les habrían prometido 300 dólares a cada una para participar de una fiesta, pero las engañaron y las llevaron hasta la casa ubicada en las calles Chañar al 700, donde se especula que habrían estado nueve de los 15 implicados.
El traslado de las víctimas quedó parcialmente registrado por cámaras de seguridad en la noche del viernes 19 de septiembre. Detrás de la Tracker blanca se vio a dos autos, un Volkswagen Fox blanco y un Chevrolet Cruze negro, que se creen que habían actuado de «apoyo». Una vez en la casa de Villa Vatteone, donde se habían cavado pozos en el patio previamente, fueron reducidas, torturadas y ejecutadas durante la madrugada del sábado.
El domicilio donde mataron a las chicas fue detectado por las antenas de telefonía, ya que fue en el último lugar en el que emitió señal el celular de Lara. Los primeros detenidos fueron Daniela Ibarra y Maximiliano Parra, de 19 y 18 años, a quienes encontraron lavando manchas de sangre en la vivienda con lavandina. Poco después cayeron Celeste Magalí Guerrero (28), que alquilaba la propiedad, y su pareja Miguel Villanueva Silva (25), que se cree que sería parte del grupo relacionado a «Pequeño J».
A los pocos días las autoridades dieron con Ariel Giménez (29), acusado de cavar la fosa donde fueron hallados los cuerpos mutilados, y en Bolivia lograron atrapar a Víctor Lázaro Sotacuro. Aunque inicialmente el hombre de 41 años sostuvo que era remisero y había huído del país porque estaba «bajo amenaza», tras las declaraciones de Guerrero ante la Justicia se cree que en realidad sería una persona importante dentro de la banda narco.
Sotacuro fue visto dentro del Fox que acompañó a la camioneta donde iban las víctimas junto a su sobrina, Florencia Ibáñez (30), quien salió en los medios a defender a su tío y decir que habían pasado por el recorrido de la Tracker, de casualidad. Luego de visitar los estudios del canal A24, fue detenida por la Policía y quedó a disposición de la Justicia.
Los últimos en caer fueron Ozorio y «Pequeño J», luego de un intenso rastreo realizado por las fuerzas de seguridad bonaerense y con la colaboración de las autoridades de Perú. Al presunto líder narco lo encontraron en el sur de la capital peruana, dentro de un camión de pescado; y como estaba limpio y en buen estado se piensa que recibió ayuda para llegar hasta allí.
Casi todos los sospechosos, vivían u operaban tanto en la Villa Zavaleta, ubicado en el límite de los barrios porteños de Barracas y Pompeya, como en el Bajo Flores, en la Villa 1-11-14. Desde esos lugares saldría la droga que se comercializaba en diferentes puntos del sur del Conurbano bonaerense, donde también disponían de «aguantaderos» -como el de Florencio Varela-. La agrupación comercializaba principalmente «Tusi», estupefaciente también conocido como «cocaína rosa».
Por otro lado, la investigación indica que el triple crimen pudo haberse ordenado desde Trujillo, en el noroeste peruano, desde donde es oriunda la familia de «Pequeño J» y donde también nació Villanueva Silva.
Tres prófugos y el giro al fuero federal
La información que se conoció sobre la agravación de las imputaciones coloca a Giménez, Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra y Ozorio como presuntos coautores de privación ilegal de la libertad coactiva, agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las victimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, y en contexto de violencia de género.
En el caso de Guerrero, Ibáñez e Ibarra (las tres mujeres), se les quitó este último agravante pero se les mantuvo el resto de las acusaciones. De esta manera, se espera que en las próximas horas la causa pase a la Justicia Federal porque varias de las nuevas imputaciones se relacionan a delitos que no competen con la provincial.
Las pesquisas arrojaron que «Pequeño J» conocía previamente por lo menos a una de las jóvenes, ya que dos semanas antes de los asesinatos fue visto caminando en la zona del Bajo Flores con Lara Gutiérrez. Junto a ellos caminaba una amiga de la adolescente de 15 años, que ya declaró en la causa, y un joven apodado «El Gordo Dylan», que se cree que tenía un vínculo con Lara y que podría haber estado implicado en el robo de la mencionada partida.
Tras las declaraciones de los imputados, principalmente de Guerrero y Sotacuro, se inició un pedido para la captura internacional de tres sospechosos. El primero de ellos es “El loco David” o “El Tarta”, cuyo verdadero nombre es David Gustavo Huamani Morales, señalado como uno de los sicarios que estuvo presente en la casa del horror. El supuesto remisero sostuvo en sus dichos que fue él quien le pidió un viaje desde Varela hasta Flores, por lo que supuestamente acudió con su sobrina y una tercera persona para buscarlo.
Esa tercera persona sería otro de los acusados, Alex Roger Ydone Castillo, amante de Ibáñez, un hombre de 50 años sobre quien pesa una orden de captura por haberlo encontrado con 51 kilos de cocaína. Apodado «Diego», no se explicó todavía con claridad porque fue junto a Sotacuro y su sobrina a «trabajar como remis» y realizar el viaje que le habría solicitado «El Tarta». Según su versión, se quedaron esperándolo en un kiosco -a pocas cuadras de la casa- luego se fueron por la demora y por la madrugada volvió Sotacuro solo a buscar a Morales.
El otro prófugo detectado sería un sujeto identificado como «Papá», de 39 años, también oriundo de Perú. Por una cuestión de edad y por su apodo se estipula con que podría ser uno de los cabecillas de la organización, al igual que «El Tarta».
En su testimonio, Celeste Guerrero dijo al fiscal que “abuelo” y “papá” eran las maneras de referirse a las personas que lideraban el esquema de la red narco. Los «abuelos» producían la droga y coordinaban las entregas, mientras que los «papás» recibían sus órdenes y se encargaban de asegurar que llegaran a destino. Por debajo de ellos estaban los «tíos», brazos operativos de la banda por localidad, a cargo de guardar coordinar los repartos de sustancias.
Más abajo están los «pequeños», operadores intermedios que tenían cargas menores de droga y supervisaban a los vendedores de nivel bajo (llamados «bebés»); el más conocido de ellos dentro de esta causa sería «Pequeño J».
El pedido de justicia de las familias
El triple femicidio con sello narco -un concepto que trascendió por la brutalidad de las heridas que sufrieron las víctimas, según confirmaron las autopsias-, se convirtió en uno de los casos más estremecedores en lo que va del año. Entre la violencia de los crímenes y las ramificaciones del narcotráfico dentro y fuera de Argentina, las familias de Brenda, Morena y Lara continúan pidiendo justicia a un mes de lo sucedido.
En ese contexto, Antonio Del Castillo, abuelo de Brenda y Morena, consideró que la investigación «va avanzando» y en relación a los nueve detenidos expresó: “Todos están adentro de la misma bolsa”. Además, se refirió al duelo que atraviesa junto a sus hijos, a los cuales les pide que “no aflojen” y se preguntó: “¿Por qué tanto ensañamiento con los cuerpos?”.
El hombre de 77 años, que se convirtió en un especie de vocero de las familias junto a otro de sus nietos, Federico Celedón, añadió en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas que «está conforme, pero no del todo», ya que todavía existen varios rumores y «se dicen muchas cosas».
Los familiares de Verdi y Del Castillo realizaron un corte de tránsito en la rotonda de La Tablada este domingo para hacer una misa y pedir por las víctimas. Los parientes de Lara, por su parte, convocaron a pedir justicia por las chicas este lunes en la intersección de las calles El Tiburón y La Quila, en Ciudad Evita.