El Gobierno decidió no implementar las normas aprobadas por el Congreso y anticipó que las promulgará sin destinar recursos. Argumentan que las leyes no especifican de dónde saldrá el dinero para su aplicación.
El presidente Javier Milei confirmó que su Gobierno no pondrá en marcha las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, a pesar de que el Senado rechazó sus vetos y las volvió a convertir en ley. Desde la Casa Rosada sostienen que las promulgarán por obligación constitucional, pero que permanecerán “sin ejecución” hasta definir una fuente presupuestaria que permita cubrir los gastos que implican.
Fuentes oficiales señalaron que la postura del Ejecutivo replica la estrategia utilizada con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que también fue promulgada pero nunca aplicada. “Así como están redactadas, las leyes quedan en suspenso. No podemos avanzar sin saber de dónde saldría la plata”, explicaron en el entorno presidencial.
La decisión fue tomada luego de un análisis conjunto entre la Secretaría Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal, y el equipo del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. En ambos despachos coinciden en que aplicar las normas sin respaldo presupuestario “generaría un conflicto jurídico” y podría vulnerar la Ley de Administración Financiera, que obliga a identificar la fuente de los recursos en toda norma que implique un gasto adicional.
El Gobierno también argumenta razones políticas. En Balcarce 50 sostienen que aprobar el aumento de fondos para el Hospital Garrahan, contemplado en la Ley de Emergencia Pediátrica, sería contradictorio con la decisión de rechazar el incremento presupuestario para las universidades. Aunque reconocen que el impacto fiscal es bajo, en la Rosada prefieren mantener una postura uniforme frente a todas las leyes con costo presupuestario.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario demandaría casi dos billones de pesos ($1.959.974 millones), equivalentes al 0,23% del Producto Bruto Interno. El texto aprobado establece un aumento del 32% en gastos de funcionamiento y del 40% en salarios, además de una actualización de becas y programas de investigación.
En el caso de la Ley de Emergencia Pediátrica, el costo estimado es de $133.433 millones, distribuidos entre residencias médicas, personal asistencial y no asistencial. Si bien el número es menor, el Ejecutivo no prevé asignar esos fondos este año. “Aplicar una y no la otra nos dejaría en una posición incoherente. La prioridad sigue siendo mantener el equilibrio fiscal”, reconocen cerca de Luis Caputo.
Mientras tanto, el oficialismo planea extender los plazos legales para la promulgación de las leyes hasta el límite permitido —diez días hábiles desde la notificación del Congreso— con el objetivo de ganar tiempo. En paralelo, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció una inversión de $30.000 millones para obras en el Garrahan, en un intento por mitigar el costo político de la decisión y mostrar una acción concreta del Gobierno en el área sanitaria.
La estrategia oficial apunta a evitar una nueva confrontación judicial y permitir que sean particulares o entidades las que presenten amparos, lo que dilataría cualquier resolución de fondo. En el entorno del Presidente admiten que buscan posponer el desembolso de fondos hasta la discusión del Presupuesto 2026, en el que podrían reordenarse las partidas.