Cuáles son los procedimientos que se aplicarán en el marco del nuevo esquema dispuesto para el tránsito y los caminos.
Con la disolución de Vialidad Nacional y las agencias bajo su órbita, el Gobierno dejará sin funciones a más de 5.100 empleados públicos que serán pasados a disponibilidad. Algunos serán reubicados mientras que otros, despedidos.
En relación a las reubicaciones, estas tendrán lugar en las áreas de Economía que absorban la gestión de los 40 mil kilómetros de Vialidad y en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Desde la mesa técnica de Balcarce 50 aseguran que los empleados contarán con un año con goce de sueldo a la espera de ser reubicados y que podrán recibir capacitación en otras áreas y tareas, además de realizar servicios tercerizados al Estado.
En caso de los trabajadores que no serán reubicados, se les dará una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base el sueldo más alto del último año.
El Gobierno tiene en la mira el articulado que otorga herramientas al Estado, su empleador para evitar pagar indemnizaciones en caso de que se hayan encontrado irregularidades, como el incumplimiento de horario, inasistencias injustificadas y el abandono de tareas, entre otros puntos.
La Casa Rosada aplicará los mismos procedimientos con las plantas de trabajadores de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).