El diputado nacional Emiliano Estrada fue imputado por presunta intimidación pública en una causa que investiga una red de difamación a través de redes sociales. Según los testimonios de los imputados, el legislador habría ordenado la creación de cuentas y contenidos ofensivos contra figuras políticas. Este jueves deberá declarar ante la Fiscalía de Ciberdelitos, mientras las pericias a dispositivos electrónicos podrían ser clave para esclarecer los hechos.
El diputado nacional por Salta, Emiliano Estrada, fue formalmente imputado en una causa por intimidación pública, en una investigación liderada por la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos. El dato fue publicado por el periodista Oscar Correa a través de su cuenta de X. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal brindará una conferencia de prensa hoy a 12 en el salón de la Escuela del MPF.
Sí las cosas, Estrada deberá presentarse a declarar este jueves a las 10 de la mañana para responder a las acusaciones en su contra, que lo señalan como el presunto responsable de liderar una operación de difamación a través de redes sociales.
La investigacion, encabezada por la fiscal Sofía Cornejo, se inició a partir del anoticiamiento (notitia criminis) de que, a través de ciertos perfiles públicos anónimos en canales abiertos de comunicación (en particular TikTok), se estarían realizando publicaciones de videos cuyo contenido podría eventualmente incurrir en un delito de acción pública; videos con los que, sistemáticamente, se pretendía instalar el convencimiento de una vinculación entre el Gobierno de la Provincia y diferentes funcionarios con actividades relacionadas al narcotráfico.
Declaraciones clave de los imputados
Previamente, tres personas han sido imputadas bajo la figura penal de intimidación pública, que prevé penas de entre 3 y 6 años de prisión: Alonso Javier Allemand, Florencia Arias Bustamante y Juan Marcos Capisano. Sus testimonios han revelado detalles sobre el funcionamiento de esta presunta operación:
Florencia Arias Bustamante, asesora de Estrada en la Cámara de Diputados, confesó haber creado cuentas en redes sociales y editado videos difamatorios por instrucciones directas del legislador, comunicadas a través de Telegram. Según su abogado, Gustavo Feoli, Bustamante actuó sin ser consciente de que sus acciones constituían un delito.
Alonso Allemand corroboró las declaraciones de Bustamante, asegurando que las órdenes provenían tanto de Estrada como de ella. Según su versión, su rol era limitado a reenviar contenido, sin pleno conocimiento del alcance de las acciones.
Juan Marcos Capisano, en cambio, ofreció una versión distinta, afirmando haber recibido instrucciones de un hombre identificado como “Mena”, sin vinculación directa con Estrada. Capisano aseguró que nunca fue remunerado por las tareas asignadas ni conocía el trasfondo de las mismas.
Avances en la investigación
Las confesiones de Bustamante y Allemand, quienes han decidido colaborar con la justicia, han sido determinantes. Bustamante admitió haber eliminado pruebas de su teléfono bajo presión de Estrada y por recomendación de su abogado, Jorge Ovejero. Este dispositivo, entregado voluntariamente para pericias técnicas, podría contener mensajes clave para el caso.
Por su parte, Capisano se desligó parcialmente de las responsabilidades, argumentando que cumplió órdenes de una persona ajena al círculo de Estrada. Sin embargo, las pruebas materiales aún están siendo analizadas para confirmar o descartar su versión.
El impacto de la causa
Este escándalo ha generado un fuerte impacto en el ámbito político salteño y nacional. La Fiscalía busca determinar si Estrada utilizó su posición como legislador para organizar y financiar estas campañas de desprestigio, lo que podría derivar en graves consecuencias legales y políticas.
La audiencia de este jueves será un punto clave para esclarecer el rol de cada imputado y la responsabilidad que Estrada podría tener en esta operación. Las pericias a los dispositivos electrónicos serán determinantes para avanzar en esta compleja causa que mantiene en vilo al escenario político local.
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