A través de una serie de decretos el presidente Javier Milei determinó que deberán pasar 10 años a partir del fallecimiento de un funcionario para homenajearlo en un establecimiento del Estado.
El mismo día que se cumple el primer año de la asunción de Javier Milei al poder, el gobierno publicó una serie de decretos entre los cuales prohibió la propaganda política en edificios públicos y la divulgación de ideología partidaria dentro de las escuelas del Estado.
A través de las resoluciones 1084/2024 y 1086/2024, que fueron publicadas este martes por la mañana en el Boletín Oficial, y que llevan las firmas del mandatario; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; se establece evitar la “imposición de una manera de pensar y/o actuar” dentro de establecimientos educativos.
Entre los puntos que destaca el decreto, está la prohibición de la exhibición, colocación o difusión de imágenes, símbolos, obras o cualquier otra referencia personal que pueda interpretarse como una forma de propaganda política, partidaria o de culto a la personalidad política en edificios, obras públicas, oficinas, monumentos u otros bienes pertenecientes al Estado Nacional.
Tampoco se podrán asignar denominaciones que correspondan a personas que hayan ejercido funciones como autoridades nacionales, provinciales o municipales mediante actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático, según estipula el decreto presidencial.Por su parte, el artículo tercero de la resolución impide que a funcionarios públicos, independientemente de su rango y modo de designación o contratación, la utilización de recursos o bienes del dominio público o privado del Estado Nacional con el objetivo de promocionar, celebrar, conmemorar u homenajear su propia imagen, ideología, afiliación política, partido o cualquier atributo personal.
Asimismo, se modificó la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en donde señalaron que “la imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la dignidad y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, constituyendo un trato que afecta su integridad personal”, por lo que queda prohibida.